Una parte de los niños separados de sus padres en la frontera de Estados Unidos y México, recién aprende a hablar y a caminar. Muchos de ellos usan pañales. Los Derechos Humanos de todos ellos están en pañales. Ante la indignación de buena parte del mundo, Estados Unidos violó sus derechos esenciales alejándolos de sus familias y recluyéndolos en centros de detención que algunos presentadores de la televisión estadounidense pretendían mostrarnos como “campamentos de verano”.
Desde octubre de 2017, casi 3.000 niños fueron arrancados de los brazos de papás y mamás, como parte de la política migratoria de Donald Trump, la que más que “Tolerancia Cero” debiera llamarse “Humanidad Cero”. De hecho, las primeras imágenes que conocimos fueron las de adolescentes en un centro de detención en MacAllen (Texas) dentro de jaulas… como animales.
Y aquí, para los que posan de duros y cerebrales, es bueno recordar que al hacer esto se vulneraron principios básicos del Derecho Internacional, como el que obliga a distinguir primero, antes de tomar ninguna decisión administrativa o judicial, si se trata de migrantes comunes o de refugiados cuyas vidas o integridad están en riesgo y que, por lo tanto, no deben ser devueltos al lugar donde son amenazados. O aquel principio básico que establece que la dignidad humana debe respetarse y con mayor consideración para quienes no son adultos.
No se trata pues de “buenismo”, como si la compasión, además, fuera algo negativo. Tampoco de ser simplista ni ingenuo. Se trata de que hasta para ser crueles hay límites, y que afortunadamente la normativa internacional intenta marcar cuáles son esas líneas rojas. Y para citar uno de esos límites, basta recordar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya en 2014 sostuvo: “Los estados no pueden recurrir a la privación de libertad de niños o niñas para cautelar los fines de un proceso migratorio, ni tampoco fundamentar tal medida en el incumplimiento de los requisitos para ingresar o permanecer en un país”.
La razón y la ley acompañan la dignidad humana, aunque no siempre la defienden de manera efectiva. Y así, es difícil escuchar sin estremecerse los audios de los niños en los centros de detención de la frontera de Estados Unidos con México: “Mami, dónde estás”, “quiero a mi papá”, “dónde estoy”. Frases pronunciadas con desesperación por niños que apenas pueden darse a entender en medio de un llanto que angustia. Angustia por ellos y por sus familias que hoy no saben dónde están sus hijos.
Imágenes y sonidos tan horrorosos que, como alguien me comentó, todo esto llegó a hacer que, en comparación, los actos de deportación de la época del ex presidente Obama parecieran gestos humanitarios, cuando no lo son.
Pero también hay mucha hipocresía en esta discusión. En Chile nos horrorizamos con facilidad frente a la política de “Tolerancia Cero” de Donald Trump, pero no tanto cuando se proponen medidas que también podrían llevar a vulnerar los derechos de menores de edad. Como cuando el diputado Jorge Durán (Renovación Nacional), propuso aplicar a los menores de edad las mismas normas penales que a los mayores de 18 años. Lo que equivale a eliminar el Sistema de Justicia Adolescente; algo que contraría la Convención de los Derechos del Niño suscrita por Chile, una norma que está por sobre nuestra Constitución.
Claro, es más fácil mirar horrorizados y sentir pena profunda por esos pequeños mexicanos u hondureños. ¿Pero habremos mirado con el mismo horror la cifra que indica que la cantidad de hijos de inmigrantes en los centros del Sename creció un 400% en los últimos siete años? ¿Sabemos que hacia allá van, entre otros, los menores cuyos padres son detectados por la policía en situación de irregularidad? ¿Tenemos conciencia de cómo están siendo tratados?
Ponemos el grito en el cielo, y con razón, porque lo que Donald Trump ha hecho (al separar familias y al retener a niños) es castigar a los pequeños por los actos de sus padres. Actos que además muchas veces están motivados por la desesperación, la violencia extrema y la miseria que viven en sus países de origen. Pero actos de adultos, de sus progenitores, al fin y al cabo. No de ellos que no eligen dónde nacer, ni dónde vivir.
Por eso los han castigado y con razón nos parece espantoso. Pero olvidamos que acá en Chile hemos hecho algo muy similar. Que durante décadas en nuestro país se les dio la categoría de apátridas, sin nacionalidad, a niños que nacían en Chile y solo por ser hijos de migrantes irregulares (hasta 2014 cuando se corrigió, pero solo por un acto administrativo). Nada tan distinto de la propuesta migratoria de Sebastián Piñera en su primer gobierno (artículo 166 del proyecto de ley), la que consagraba por ley esta discriminación. Afortunadamente, ello fue corregido y ya no figura en la normativa propuesta por su nueva administración.
Si el derecho internacional prohíbe castigar a los hijos por los actos de los padres, la decencia dice que en política no se debe usar de rehén a nadie y menos a niños (como Trump lo hizo) para aprobar una política migratoria o para ganar elecciones, como las legislativas de noviembre en Chile.
Lo vimos claro desde Chile, porque estamos observando la paja en el ojo ajeno. Y también, es cierto, porque son niños y cuando algo golpea a pequeños tan frágiles es difícil no conmoverse.
Otra cosa es si son adultos, ¿no? Y el ejemplo está fresco. Sin desconocer que el crimen de Margarita Ancacoy fue horroroso, inhumano y escalofriante; condenándolo categóricamente y sin medias tintas, impresiona que haya personas que justifiquen y hasta alienten la tortura que dos ecuatorianos, sus asesinos, sufrieron en una cárcel chilena.
En materia de Derechos Humanos, la línea divisoria es nítida: o valen o no. El problema es no entender que la necesidad de respetarlos se fundamenta en que todas las personas, todas, son titulares de ellos. No las buenas personas, no a veces: todos y todas. Hombres o mujeres. Chilenos o extranjeros. Inocentes o culpables.
Y eso obliga a entender, entre muchas otras cosas, que la soberanía de un país limita antes que con otro país, con los Derechos Humanos de sus nacionales y de los extranjeros. Que por “protegerse” de amenazas internas o externas, un Estado no está autorizado a todo.
Pero parece que falta para que lleguemos de veras a ser civilizados en ese sentido. Tanto en Chile como en Estados Unidos los Derechos Humanos… aún están en pañales.
Fuente: CIPER
