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Determinar si estas conductas constituyen o no delito corresponde a los abogados y eventualmente a los tribunales. El juicio moral en cambio es un derecho de los ciudadanos y no puede ser ambiguo: la colusión de las farmacias causó un daño irreparable y debe ser condenada no sólo con penas pecuniarias.



Por Jorge Arrate
01 de febrero de 2012 

Un medicamento es parte de un proceso que conocemos como “curación”, es uno de los factores, seguramente fundamental, de lo que cotidianamente denominamos “tratamiento” para curar a un enfermo de su mal.

Esto lo aprendemos todos los días de nuestra vida, en nuestras casas, en el seno de las familias, en el trabajo y en la escuela. Es parte del sentido común que los medicamentos tienen por objeto erradicar enfermedades que afectan el bienestar de las personas, disminuir dolores y sufrimientos, en fin, salvar vidas.

Aplaudo la multa aplicada a las cadenas de farmacias que se coludieron para aumentar sus ganancias a costa de los consumidores de medicamentos. Pero me pregunto si acaso es suficiente.

Los abogados especializados son los indicados para decir si no hay aquí también responsabilidades penales que deben hacerse valer.

¿A cuántos enfermos se privó de un determinado medicamente por la vía de inflar sus precios para aumentar las utilidades de los dueños de las farmacias?

No da lo mismo el precio de un fármaco, no da lo mismo el tipo de tratamiento que se utiliza por prescripción médica para atacar una cierta enfermedad. Para decirlo brutal pero muy claramente: las ganancias ilícitas de las farmacias se pagaron en dinero y en tiempo de bienestar o tiempo de vida de personas reales.

Determinar si estas conductas constituyen o no delito corresponde a los abogados y eventualmente a los tribunales. El juicio moral en cambio es un derecho de los ciudadanos y no puede ser ambiguo: la colusión de las farmacias causó un daño irreparable y debe ser condenada no sólo con penas pecuniarias.

Desde el gobierno, y también desde la oposición, surgen voces demandando más regulación, políticas firmes contra los abusos. Me parece adecuado pero, de nuevo, me resulta insuficiente.

Casi pareciera un recurso destinado a oscurecer la cuestión central que debería ocuparnos: la salud y los medicamentos no pueden ser objeto de negocio como cualquier otra mercancía que se transa en la economía de mercado de baja regulación.

¿Propuestas? Es un tema largo. Se ha debatido y hemos dado nuestra opinión con precisión. Sin embargo, como en muchas esferas de nuestra vida social, no hay peor sordo que el que no quiere oír: los grandes intereses lucrativos acallan todo aquello que afecta sus fuentes de privilegio.

Pero, habrá que decirlo una vez más: hay que fortalecer un sistema público de salud digno y gratuito. Y, dos, es urgente regular el comercio privado de medicamentos a través de una cadena nacional de farmacias públicas que, con sus políticas de precios, haga de la distribución de medicamentos un servicio debidamente remunerado, pero no el gran negocio con la salud y la vidas humanas en que está convertido.

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