Puerto Natales 23 de junio de 2025
Esta es la carta de Carlos Odebret
Señor Director:
En Magallanes, donde más del 99% de la línea de costa se encuentra bajo alguna categoría de conservación, las tensiones entre protección ambiental y desarrollo productivo son estructurales. No es casual que este territorio se haya convertido en un escenario ideal para ONG internacionales que, desde lejos, encuentran aquí una vitrina perfecta para instalar causas globales. Pero cuando esa influencia se canaliza a través de litigación sistemática y sin arraigo territorial, emerge una disyuntiva ineludible: ¿cuándo el litigio legítimo se convierte en una estrategia de paralización?
Un ejemplo cada vez más evidente es el del grupo Comunidades Kawésqar Nómades del Mar, liderado por Leticia Caro, que ha impulsado una estrategia judicial sostenida junto a ONG como FIMA, AIDA y Greenpeace. Han presentado recursos de protección ante la Corte de Apelaciones —incluyendo uno reciente por el rechazo a una solicitud de tierras fiscales— y 11 reclamaciones (once reclamaciones) ante el Tribunal Ambiental contra proyectos de inversión: centros de cultivo, plantas industriales y obras públicas, sin distinción de escala ni origen.
El caso más ilustrativo es la solicitud de ECMPO (Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios) “Kawésqar -Última Esperanza”, presentada en 2018, cuando declaró abiertamente que su propósito era “detener el avance de la salmonicultura en la región”. La solicitud abarca 275.421 hectáreas (superficie similar a Luxemburgo) y, tras cuatro años de tramitación judicial, fue rechazada por la Corte Suprema en febrero de 2023. Sin embargo, el procedimiento sigue abierto (falta el Informe de Uso Consuetudinario de Conadi y la votación en la CRUBC), lo que podría extender la paralización de más de 40 concesiones acuícolas por otra década. Las ONG conocen las grietas del sistema: logran, sin negativa formal, el mismo efecto que una resolución adversa.
En 2023, la comunidad Kawésqar solicitó una nueva ECMPO de 12.000 hectáreas frente al Parque Nacional Cabo Forward (iniciativa de Fundación Rewilding y el gobierno). Esto evidencia cómo instrumentos como las ECMPO se transforman en herramientas de ocupación territorial estratégica, coordinadas con ONG que manipulan el sistema institucional.
No se cuestiona el derecho a litigar, sino la judicialización sin diálogo, sin vínculos reales con las comunidades y sin asumir las consecuencias sociales de paralizar proyectos. Es una intervención vertical que instrumentaliza conflictos desde escritorios lejanos. Cuando Greenpeace celebra una resolución con un “like” en redes, la justicia ambiental se reduce a militancia superficial: un “activismo del clic” que afecta vidas reales.
Desde el mundo indígena, críticas como las del dirigente Juan Carlos Tonko denuncian un “colonialismo verde”, donde el discurso ambiental suplanta a las comunidades en la toma de decisiones. El ministro Luis Cordero (2020) advirtió: “El juicio sustituye al diálogo político, y la acción ambiental deviene trinchera ideológica”.
Las Comunidades Kawésqar Nómades del Mar representan a 3 de 18 comunidades Kawésqar, pero su causa se proyecta como voz colectiva. Esta simplificación distorsiona el debate y oculta la diversidad indígena. Judicializar sin diálogo no protege derechos: bloquea oportunidades.
No es ecología vs. economía, ni indígenas vs. empresas. Se trata de gobernanza ambiental con reglas claras, participación auténtica y desarrollo humano. La justicia ambiental no puede ser trinchera ideológica: cuando lo es, pierden las comunidades que sí buscan progreso.
Carlos Odebert
Presidente Salmonicultores de Magallanes
22 de junio de 2025
El Magallanes
