Los objetivos estratégicos de esta verdadera “motosierra ambiental” son el continuar debilitando el papel del Estado en el ámbito ambiental y de paso minimizar la capacidad de control social sobre los megaproyectos de inversión y sus impactos a nivel territorial. Para lograr este objetivo se ha presentado un proyecto de ley (boletín 15643-06), que busca criminalizar y silenciar a las organizaciones defensoras de la naturaleza sin fines de lucro, mediante el control estatal de sus fuentes de financiamiento y la obligación de tener que renovar anualmente su vigencia legal.
Columna de opinión publicada en el medio Interferencia
3 de junio de 2025
Por Juan Carlos Cárdenas N.
Director Centro Ecoceanos
La última cuenta pública del presidente Gabriel Boric ante el Congreso de la Nación se realizó ante la absoluta falta de expectativas de parte de las organizaciones defensoras de la naturaleza, los movimientos sociales y las comunidades de pueblos originarios que resisten el neoliberal modelo extractivista exportador. A nueve meses de finalizar su mandato, el balance de sus cuatro años de gestión ambiental, edulcorada por un discursivo y performático capitalismo verde-azul, ha profundizado la deriva extractivista-exportadora de la economía de mercado chilena controlada por la tecnoplutocracia y una elite burocrática y empresarial caracterizadas por la implementación de políticas despojadas de toda sensibilidad social y ambiental.
La gestión del gobierno del denominado progresismo tecnocrático e identitario ha sido funcional y se ha guiado por las agendas impuestas por las asociaciones empresariales, transnacionales e inversionistas para impulsar fuera del control público, un nuevo y ecocida ciclo de expansión territorial que amplía y profundiza los alcances del actual modelo extractivista exportador impuesto a sangre y fuego hace cinco décadas a nuestra sociedad y comunidades locales, basado en la expropiación y la sobreexplotación de los bienes comunes de la Nación.
En su campaña de 2021, Gabriel Boric se presentó como el primer presidente ecologista de la historia chilena, donde el Plan de Gobierno Apruebo Dignidad 2022–2026 presentaba más de 30 propuestas de carácter ambiental, las que luego de cuatro años de “real politik” sólo se ha cumplido un 15% de su agenda para una transición socioecológica justa.
Por ello, no extrañó que, al comenzar su cuenta pública, el presidente Boric señalara que dividiría su presentación en las tres seguridades que consideraba prioritarias: La seguridad ciudadana, la social y la económica, obviando la dimensión ambiental, la cual paradojalmente es un poderoso elemento identitario de su figura y estrategia política en los foros internacionales. Esta no forzada omisión ocurre luego que, el 17 de mayo pasado, Chile volviera por sexto año consecutivo a ser el primer país latinoamericano que entraba en «sobregiro ecológico», después que sus políticas extractivistas agotaran los bienes comunes que la naturaleza regenera anualmente.
Silenciando e invisibilizando una sociedad civil bajo ataque de las políticas extractivistas
En la cuenta pública presidencial no existió ninguna mención sobre los acumulativos impactos ambientales, sanitarios y sociales que diariamente vulnera el derecho de la ciudadanía chilena a vivir en un medioambiente libre de contaminación, o sobre la existencia de cientos de comunidades locales marginalizadas y de pueblos originarios que están obligadas a vivir en las denominadas “zonas de sacrificio”, consecuencia de la ampliación del extractivismo exportador que el actual gobierno impulsa con gran ahínco mediante una activa diplomacia viajera destinada a abrir nuevos y alejados mercados para los grupos empresariales e inversionistas privados, mientras liberaliza las políticas y regulaciones ambientales a nivel interno.
Tampoco los devastadores y acumulativos impactos ambientales, sanitarios y laborales que genera el nuevo ciclo de expansión territorial y productiva de las industrias salmoneras, mineras, forestales o de energía en las regiones del Wallmapu y de la Patagonia fueron tema de la cuenta pública, así como de las exigencias que efectúan cientos de movimientos territoriales y comunidades locales ante el gobierno.
Ni una palabra sobre el crítico informe realizado por David Boyd, Relator Especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Medio Ambiente luego de investigar in situ y de reunirse con organizaciones ambientalistas y comunidades de pueblos originarios, que le permitió entregar en marzo del 2024 un conjunto de recomendaciones al presidente Boric, entre las que de incluía la necesidad de establecer una urgente moratoria que detenga la destructiva expansión de la industria salmonera en el sur de Chile.
Tampoco estuvo presente las diversas solicitudes de las coaliciones de organizaciones ambientalistas y comunidades locales exigiendo al gobierno la salida de 411 concesiones de salmonicultura industrial que están operando irregularmente en el interior de parques nacionales y áreas protegidas de la Patagonia chilena, lugar de nacimiento del presidente Boric.
Impulsando el asalto a los territorios y bienes comunes naturales
Lo que más impactó desde el punto de vista socioambiental de la cuenta pública fue el triunfante anunció que “la economía chilena va a crecer más en los años que vienen (…), porque existe un conjunto amplio de inversiones privadas avanzando, con montos de inversión récord ingresando al sistema de evaluación ambiental. Estamos a semanas de aprobar una reforma estructural a los permisos sectoriales, que sin bajar los estándares regulatorios (sic) van a permitir que estas inversiones se tramiten con mayor celeridad”.
Lo anterior se refiere a un polémico paquete de proyectos de ley impulsado por la presión política y comunicacional de los grupos financieros y empresariales con el objetivo de eliminar la “permisología” -denominación de una burocracia estatal que tendría un carácter obstruccionista-, para asegurar una aprobación ambiental express y a todo evento de sus megaproyectos de inversión.
Para ello, las asociaciones empresariales están colegislando en el Parlamento a través de su transversal bancada parlamentaria, para reformar la actual institucionalidad ambiental que intenta fiscalizar el cumplimiento de la Ley 19.300, además de realizar cambios en el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), los que incluyen entre otros aspectos que con tan solo declaraciones juradas o el uso del “silencio administrativo positivo”, si el Estado no responde a tiempo, reducir hasta en un 70% el número de trámites y los plazos de aprobación ambiental gubernamental de los futuros proyectos de inversión.
La guinda de la torta proinversiones y antimedioambiente del gobierno del presidente Boric lo constituyen los proyectos de ley que modificará el sistema de administración del borde costero y de la entrega de concesiones marítimas, cuyo objetivo es la privatización encubierta de las áreas costeras en beneficio de los monocultivos industriales de salmones y mitílidos, las operaciones de las empresas navieras y portuarias y los sectores de minería y energía. Lo anterior se complementa con el avance en el Parlamento de un conjunto de modificaciones de La ley 20.249 (ley Lafkenche) para bloquear las solicitudes y entrega de Espacios Marino Costeros de los Pueblos Originarios, especialmente en las regiones del Wallmapu y de la Patagonia chilena.
Los objetivos estratégicos de esta verdadera “motosierra ambiental” son el continuar debilitando el papel del Estado en el ámbito ambiental y de paso minimizar la capacidad de control social sobre los megaproyectos de inversión y sus impactos a nivel territorial. Para lograr este objetivo se ha presentado un proyecto de ley (boletín 15643-06), que busca criminalizar y silenciar a las organizaciones defensoras de la naturaleza sin fines de lucro, mediante el control estatal de sus fuentes de financiamiento y la obligación de tener que renovar anualmente su vigencia legal.
Blanqueando la corrupta privatización del patrimonio pesquero del país
El presidente Boric intentó legitimar en su cuenta anual el intento de blanqueamiento parlamentario de la corrupta Ley 20.657 de Pesca y Acuicultura -conocida popularmente como la “ley Longueira” de privatización del patrimonio pesquero del país-, que favoreció a las siete familias y conglomerados empresariales que controlan tanto la actividad pesquera del país, como a políticos, autoridades regionales y una transversal bancada parlamentaria, lo que le ha permitido condicionar la discusión de una nueva ley de pesca durante el actual gobierno.
Frente a ello, el gobierno optó por implementar una estrategia minimalista consistente en enviar un proyecto de “ley de fraccionamiento”, intentado negociar la modificación de los abusivos porcentajes de cuotas de pesca en poder de los grupos empresariales, para incrementar de forma discreta las cuotas de las flotas pesquera artesanal de características semi industriales (dependientes de la industria) y de los pescadores de pequeña escala (“ley de fraccionamiento”).
En la actualidad, esta asimétrica negociación se encuentra bajo una intensa presión política y el chantaje judicial de parte de la Sociedad Nacional de Pesca y de los conglomerados familiares y empresas transnacionales que actualmente controlan las pesquerías chilenas.
Por ello, la aseveración presidencial durante la cuenta pública que la futura aprobación de esta restringida ley de fraccionamiento “cambiaría la esencia de la actual ley de pesca” y “cerraría un ciclo de ilegitimidad en la política pesquera del país” es totalmente falsa, al intentar consolidar una jugada de “gatopardismo pesquero” de la clase política-empresarial, acostumbrada a tener leyes hechas a su medida, por lo cual sólo permitirá realizar pequeños cambios secundarios con el objetivo de evitar que se intente cambiar el corazón de esta viciada legislación.
Hoy, la clase política-empresarial intenta maquillar una versión populista de la “ley Longueira”, la que se extendería hasta el 2042, para lo cual ha incluido en este intento la participación de los mismos actores que estuvieron involucrados en su viciada negociación en el 2013. La consolidación de uno de los pilares del modelo neoliberal, extractivista y exportador será otro paso que profundizará la desconfianza y el creciente descredito de un sistema democrático tutelado, restringido y de baja intensidad controlado por los dueños del poder.
