Ante el silencio que han recibido sus múltiples solicitudes de reunión con el Elíseo y Matignon, una amplia coalición de organizaciones denunció un escándalo democrático europeo y francés con consecuencias catastróficas, a través de una puesta en escena satírica de militantes a favor de la desregulación que pedían, por ejemplo, el restablecimiento del trabajo forzoso y la deforestación, mientras una parodia de Emmanuel Macron inauguraba la «Plaza de la impunidad«. [1].
Sin embargo, en 2017 Francia fue pionera al adoptar su ley sobre el deber de vigilancia, que fue recibida muy positivamente como un avance histórico para los derechos humanos y el medio ambiente. Hoy Francia da un giro de 180 grados y da la espalda a la sociedad civil, a las víctimas de violaciones de los derechos humanos y a una parte de los agentes económicos franceses, para alinearse con los lobbies.Haciéndose eco de las reivindicaciones de la extrema derecha que desea desmantelar los avances sociales y ambientales europeos, Emmanuel Macron anunciaba el 19 de mayo, durante la cumbre Choose France, su intención de ir aún más lejos que la directiva “Ómnibus I” y suprimir definitivamente la CSDDD. [2]
Este giro se inscribe en una preocupante tendencia en Francia, donde se está atacando a las normas sociales y ambientales con el pretexto de realizar una «simplificación«. [3] De este modo, el Gobierno se afianza en una tendencia contraria a las preocupaciones del pueblo francés, que en la encuesta de OpinionWay para Reclaim Finance y el Foro Ciudadano por la Justicia Económica realizada a principios de junio de 2025, se pronunció por una mayoría de más de un 80 % a favor de la obligación de las multinacionales de respetar el clima y los derechos humanos, incluso entre quienes simpatizan con la mayoría presidencial y el partido republicano.
A escala europea, la directiva «Ómnibus I» es uno de los primeros pasos hacia una desregulación masiva que podría acabar con los avances del Pacto Verde. [4] Las asociaciones se muestran aún más alarmadas ya que la defensora del pueblo de la Unión Europea inició una investigación a raíz de una denuncia presentada por ocho asociaciones, en la que se condena el carácter antidemocrático, opaco y precipitado del proceso de la «Ómnibus I». La defensora del pueblo dará a conocer sus conclusiones el 18 de junio de 2025.
La Comisión Europea y el Gobierno francés nos están llevando por un camino en el que todo el mundo resultará perdedor: las poblaciones del Sur global, los pueblos indígenas, las personas trabajadoras de aquí y de allí, los sindicatos, el pueblo europeo, las mujeres y las minorías de género, el medio ambiente y el clima, las finanzas públicas y las propias empresas.
El Consejo de la UE está ultimando su posición y el Parlamento Europeo está comenzando el examen del texto. Todavía no es demasiado tarde para que se escuche a nuestras organizaciones y se ponga fin a estos ataques contra los derechos humanos, el medio ambiente y el clima.
Las organizaciones solicitan lo siguiente:
- mantener la obligación de diligencia debida más allá de los socios directos de las empresas para abarcar toda su cadena de valor;
- mantener la consulta con todas las partes interesadas y garantizar que se considere fundamental su participación a lo largo de todo el proceso de diligencia debida;
- mantener la posibilidad de exigir responsabilidad civil a las empresas en caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en la directiva;
- mantener la obligación de las empresas de aplicar sus planes de transición climática;
apoyar la incorporación a largo plazo de los servicios financieros en el deber de vigilancia europeo.
