El documento, basado en más de 40 solicitudes de información a 22 organismos públicos, analiza el cumplimiento del artículo 9 del tratado, que obliga a los Estados a reconocer, proteger y garantizar la labor de las personas defensoras ambientales.
Santiago, 04 de agosto de 2025. (Escazú Ahora)– A más de tres años de la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú, el avance real en la protección de personas defensoras del medio ambiente es “críticamente insuficiente”. Así lo denuncia el más reciente informe de la organización Escazú Ahora, que documenta que solo el 15% de las medidas comprometidas por el propio Gobierno han sido implementadas, dejando en riesgo a quienes defienden los ecosistemas y enfrentan amenazas, agresiones e incluso asesinatos.
El documento, basado en más de 40 solicitudes de información a 22 organismos públicos, analiza el cumplimiento del artículo 9 del tratado, que obliga a los Estados a reconocer, proteger y garantizar la labor de las personas defensoras ambientales.
Promesas rotas y compromisos en cero
Entre los hallazgos más alarmantes, el informe revela que 7 de los 10 compromisos asumidos por el Gobierno registran un 0% de avance en tres años. Entre ellos se incluyen medidas como el reconocimiento público a defensores y defensoras; la elaboración de un diagnóstico nacional sobre su situación; la realización de campañas de sensibilización masiva y la preparación de la red asistencial para apoyo en salud mental.
Incluso la anunciada “institucionalidad de protección” (promesa presidencial realizada en 2022 tras la suscripción del acuerdo) no cuenta con reuniones, cronograma ni evidencia de trabajo alguno.
Capacitaciones mínimas y en retroceso
El informe también expone un retroceso crítico en otra de las promesas clave: la formación de operadores de justicia y fuerzas de orden y seguridad. En total, solo 858 funcionarios de estas instituciones[1] se inscribieron en capacitaciones y apenas 372 aprobaron entre 2024 y 2025. Este número es marginal frente a la magnitud del sistema público.
Además, en 2025 las inscripciones cayeron un 84,9% y las certificaciones un 87,4% respecto de 2024. “Esta tendencia no solo refleja una posible despriorización institucional del proceso formativo, sino que también compromete el cumplimiento del propio Plan de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú, que reconoce la capacitación como una medida esencial para garantizar una respuesta adecuada a las agresiones contra personas defensoras”, advierte el informe.
Una realidad marcada por la violencia y la impunidad
El informe se publica en un contexto alarmante: según el último informe sobre la situación de las personas defensoras desarrollado por Escazú Ahora, entre 2023 y 2024 se registraron 82 agresiones contra personas defensoras ambientales en Chile, con un 98% de impunidad. Las agresiones incluyen amenazas, hostigamientos, violencia física y ataques contra comunidades que defienden el agua, los bosques y la biodiversidad.
En muchos casos, las víctimas enfrentan revictimización cuando intentan denunciar, topándose con respuestas institucionales negligentes o indiferentes. “Cada día que Chile posterga acciones reales para proteger a quienes defienden la naturaleza, aumenta el riesgo de que más personas sean amenazadas, agredidas o asesinadas, y de que nuestros ecosistemas sigan siendo destruidos con total impunidad”, señaló Sebastián Benfeld, presidente de la ONG Escazú Ahora.
“Aún estamos a tiempo de cambiar este rumbo: el Estado debe cumplir sus compromisos y actuar ya para garantizar que ninguna persona defensora pague con su vida el precio de cuidar el planeta”, remató Benfeld.
Sobre Escazú Ahora
Escazú Ahora es una organización no gubernamental que trabaja para fiscalizar y promover la implementación plena, efectiva y ambiciosa del Acuerdo de Escazú en Chile. Actualmente su labor se centra en documentar y visibilizar las vulneraciones contra personas defensoras del medio ambiente, acompañar casos de riesgo y exigir políticas públicas que garanticen su protección. La organización opera con independencia política y económica, lo que le permite realizar una fiscalización rigurosa y libre de presiones externas.
[1] Carabineros de Chile, Ministerio Público, Policía de Investigaciones, Defensoría Penal Pública, Corporación de Asistencia Judicial, Subsecretaría de Prevención del Delito y Subsecretaría de DDHH.
