El informe señala que los niveles de violencia resultan inéditos y dejan en evidencia la incapacidad estatal de proveer seguridad a la población. Además, cuestiona la política de tierras y su ejecución por parte de la Conadi.
En materia de propuestas para superar la violencia en la región, se enfatiza que esta responde, en gran medida, a razones de orden político, que pueden ser atacadas por medio de la implementación de modificaciones en el orden administrativo o, derechamente, con la materialización de acuerdos políticos ya que no parece razonable enfocar toda la solución en la persecución penal.
Así, se estima que hay una respuesta insuficiente por parte del Estado en prevención, protección y vigilancia lo cual amenaza con una escalada de los niveles de violencia y la aparición de fórmulas privadas de obtener justicia.
Aunque se establece que los conflictos en la región se arrastran por años y no son endosables a un gobierno determinado, se considera alarmante el grado de impunidad que permite hacer un diagnóstico negativo de la institucionalidad encargada de prevenir y sancionar los hechos delictivos.
Se plantea como imperativo dotar de eficacia la labor persecutoria y que el Estado tiene el deber de perseguir el delito y de hacer uso de las herramientas legales vigentes, como la ley antiterrorista, cuya utilización actual se ve condicionada por las dudas políticas respecto de su conveniencia, y por la complejidad que han experimentado los fiscales para acreditar el dolo terrorista.
Se concluye, además, que las policías carecen de los medios para llevar adelante órdenes de resguardo policial y que los defectos en los sistemas de inteligencia policial y la falta de coordinación entre los diversos sistemas de inteligencia, afecta la posibilidad de anticiparse a la comisión de ilícitos.
Conadi
El informe aprobado postula que la violencia se ve estimulada por la política de entrega de tierras y existe consenso en identificar a esta como uno de los puntos centrales del problema, lo que urge la introducción de modificaciones a la institucionalidad vigente.
Se agrega que una parte sustancial de la revisión de dicha institucionalidad pasa por la revisión de la forma como la Conadi administra el fondo de tierras y los recursos destinados a los pueblos originarios.
«La forma desprolija y en muchos aspectos irregular con que se han beneficiado a determinadas comunidades o sujetos, ha generado grandes desigualdades en el acceso al fondo de tierras, lo que va generando resentimiento y pérdida de confianzas en una institución que, por el contrario, debiera ser un puente de fortalecimiento de las mismas», indica el informe.
En definitiva, se consideró que la Conadi no ha respondido a las expectativas y, definitivamente, debe ser revisada su continuidad en los términos actuales.
Propuestas
En materia de propuestas para superar la violencia en la región, se enfatiza que esta responde, en gran medida, a razones de orden político, que pueden ser atacadas por medio de la implementación de modificaciones en el orden administrativo o, derechamente, con la materialización de acuerdos políticos ya que no parece razonable enfocar toda la solución en la persecución penal.
En esa línea, se plantean como otras medidas en las que se debe avanzar, las siguientes:
– El reconocimiento constitucional de los pueblos originarios
– La representación política de los pueblos indígenas
– La determinación precisa del proceso de consulta que dispone el Convenio 169 de la OIT
– El fortalecimiento de la educación intercultural
– El envío de un proyecto de ley que otorgue beneficios especiales a la región y,
– Modificaciones a la Ley Indígena, en particular, a la política de tierras.
En este último aspecto se sostiene que es necesario establecer elementos que permitan evitar la proliferación de comunidades y la reutilización de títulos y establecer con carácter permanente la glosa de la ley de Presupuestos 2016.
Asimismo, que la Conadi debe establecer la antigí¼edad de la demanda, priorizar a las comunidades que no tienen compra y particularmente respetar, por sobre todo, la prohibición de adquirir predios que hubiesen sido objeto de perturbaciones en su posesión.
También, crear mecanismos transparentes y competitivos para la compra de tierras, con fórmulas de adquisición en base a licitación pública, de manera de transparentar el proceso y generar una oferta que permita reducir los precios. Y, diversificar los mecanismos de compensación.
En cuanto a la persecución y sanción de los hechos de violencia, el informe precisa que «de ninguna manera se puede dejar de lado la persecución de hechos que importen una transgresión del marco legal y la afectación de bienes jurídicos de diversa relevancia».
Y que aunque es evidente que no todo hecho de violencia puede ser calificado a priori de terrorismo, sí podrían algunos hechos ocurridos en la región ser catalogados como tales.
En la materia se proponen los siguientes cambios con miras a perseguir y sancionar de manera eficaz los hechos de violencia:
– Modificar la ley que determina conductas terroristas, debido a la imposibilidad actual de acreditar en juicio el dolo terrorista y la subjetividad del tipo penal
– Perfeccionar y morigerar el estándar probatorio del testigo protegido
– Incorporar técnicas investigativas simlares a las utilizadas en la ley 20.000
– Actualizar el sistema de inteligencia, con cambios a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y la coordinación de esta con los demás servicios
– Estudiar la competencia judicial, de manera de sustanciar procesos de esta naturaleza fuera del territorio jurisdiccional
– Evitar dilaciones injustificadas de audiencias
– Reparación a las víctimas