En medio de procesos de corrupción para imponer edificios en esta zona costera, lo que deben saber las autoridades es que Algarrobo ya decidió y optó por proteger una península que está arraigada en lo más profundo del corazón de esta hermosa comuna.
Javier Karmy, Periodista
10 de julio de 2025
El cambio de uso de suelo en Chile es una atribución municipal y se puede iniciar en cualquier momento. En el caso de la península en Punta Fraile, sector aledaño al hermoso parque Canelo-Canelillo, en Algarrobo, se inició antes de que el proyecto de Transinmobiliaria hiciera ingreso de su proyecto definitivo, el que pretende destruir la naturaleza, la historia y el paisaje, y, en cambio, dejar 352 departamentos, 554 estacionamientos y casas en un complejo de nueve edificaciones.
El proceso de modificación de uso de suelo del sector se ha extendido por tres años, atravesando la peor corrupción conocida de la máxima autoridad local. Sin embargo, la ciudadanía ha seguido muy de cerca empujando a pulso el avance de este proceso.
Quienes se oponen al cambio de uso de suelo, entre ellos algunos concejales, empleados de la empresa y otros actores empresariales de Algarrobo, han intentado crear un ambiente incierto generando dudas infundadas respecto a un proceso que ha cumplido con cada paso acorde a la ley. Así lo ha dicho Seremi Minvu de Valparaíso. Los argumentos que han usado se sostienen en el interés económico privado.
Estos aparentes voceros del cemento han intentado una y otra vez paralizar el proceso generando temor en quienes deben tomar la decisión: han dicho que es un proceso inconducente, que el Concejo Municipal podría incurrir en responsabilidades judiciales, y han entregado información falsa, como cuando se ha dicho por parte de una autoridad en el reciente Concejo Municipal del 2 de julio que, como la inmobiliaria habría cancelado 400 millones de pesos, tendría derecho de construir el proyecto.
Si efectivamente Transinmobiliaria canceló esa suma, sería bueno saber a qué bolsillos llegó, ya que según la documentación, Transinmobiliaria canceló en octubre de 2023, por concepto de permiso de edificación, 265 millones de pesos, una suma irrisoria si se considera lo que costarán los departamentos que pretenden construir. La empresa pagó dicha suma pese a que el proceso de cambio de uso de suelo se había iniciado en marzo, y en junio de 2022 se aprobara el resumen ejecutivo que contenía las tres propuestas de imagen objetivo.
Es decir, Transinmobiliaria estaba en conocimiento del proceso administrativo, pero también del enorme apoyo ciudadano que tenía esta demanda por la protección de la península.
Mientras la ciudadanía ha estado preocupada por la planificación urbana, quienes se han opuesto a su protección solo entregan argumentos economicistas, y para el caso de un cambio de uso de suelo se requiere que el Concejo Municipal y los diversos actores se pongan a la altura, dando una discusión técnica, es decir, sobre la planificación urbana, sobre el territorio que se desea habitar. En definitiva, discutir cómo queremos el territorio de la comuna, que es un bien común, por sobre los intereses privados. Ese es el deber de un municipio.
Las preguntas debieran estar situadas en torno a si es pertinente o no el cambio de uso de suelo en términos urbanísticos, viales, de abastecimiento hídrico, de protección paisajística e histórica y cultural, e incluso para el turismo sustentable de Algarrobo. Ver cuáles serían para una comuna ya saturada (no solo) en verano, las consecuencias de instalar este proyecto de cemento y no preservar este espacio natural que podría generar una gran diversidad de actividades, partiendo por un turismo sustentable, espacios de reunión para las niñeces, actividades culturales, y evidentemente, ecológicas y de educación ambiental, entre otras.
Lo que deben saber las autoridades es que Algarrobo ya decidió y optó por proteger una península que está arraigada en lo más profundo del corazón de esta hermosa comuna.
